El entramado de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) comienza a cobrar sus primeras consecuencias judiciales. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, será condenado en los próximos días a cinco años, ocho meses y un día de prisión, luego de que un juez de Bogotá aprobara el preacuerdo firmado entre el exfuncionario y la Fiscalía General de la Nación.
En el acuerdo, Pinilla aceptó su responsabilidad en la apropiación indebida de recursos públicos y se comprometió a devolver los 618 millones de pesos que había recibido ilegalmente. Según confirmó el ente acusador, el dinero ya fue reintegrado a través de dos consignaciones realizadas al Banco Agrario, cuyos comprobantes fueron presentados ante el juzgado.
Junto a Pinilla, también se encuentra involucrado el exdirector de la entidad, Olmedo López, quien suscribió un preacuerdo similar y aceptó su participación en los hechos. Ambos exfuncionarios se comprometieron a colaborar con la justicia y aportar información clave sobre los demás responsables de la red de corrupción, incluyendo cómo se estructuró la operación ilegal dentro de la UNGRD.
Una organización criminal al interior del Estado
La Fiscalía ha calificado los hechos como la constitución de una auténtica “organización criminal” dentro de la UNGRD, que habría utilizado las declaratorias de desastre nacional y calamidad pública como excusa para direccionar millonarios contratos a cambio de sobornos.
Según las investigaciones, gran parte de estos contratos terminaron en manos de Luis Eduardo López, alias “El Pastuso”, quien aparece como representante o directivo de más de 30 empresas. De ellas, al menos cuatro fueron utilizadas para ejecutar los convenios irregulares: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S., todas ya imputadas por la Fiscalía.
La trama delictiva habría sido liderada directamente por Olmedo López y Sneyder Pinilla, aprovechando su posición privilegiada dentro de la entidad para favorecer a terceros con recursos públicos destinados, en teoría, a atender emergencias y proteger a comunidades vulnerables.
Los demás implicados, en la mira de la justicia
Además de López y Pinilla, la Fiscalía reveló que otros implicados también han llegado a acuerdos con la justicia y se espera que en los próximos días se conozcan nuevas decisiones judiciales y posibles condenas contra contratistas y particulares vinculados al escándalo.
El caso ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública, dado que se trata de recursos que deberían ser destinados a la atención de emergencias y a la protección de miles de colombianos afectados por desastres naturales.
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