En el año 2024, Norte de Santander se posicionó como el departamento con el mayor número de secuestros, registrando un total de 45 casos según un estudio realizado por la Fundación Libremente. Este preocupante fenómeno se intensifica en el contexto del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, augurando un escenario potencialmente más crítico para este año.
Eliana Zafra, miembro del Comité Permanente de la Defensa de Derechos Humanos en Norte de Santander, ha alertado sobre la grave situación. Desde el 16 de enero, fecha en que comenzaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, su organización ha registrado 10 casos de secuestro. De estos, nueve afectaron a firmantes de paz y uno a una lideresa, quien afortunadamente fue liberada.
Además, se han reportado otros tres secuestros recientes: el de Kevin Patarroyo, estudiante de Aguachica (Cesar) en Ábrego; el de Jesús Montañez, padre de la alcaldesa de Sardinata; y el más reciente, el de Joaquín Villamizar, líder social de Tibú. Esto significa que en los primeros 79 días del año ya se contabilizan 13 casos.
Según Zafra, este panorama es el resultado de la falta de atención institucional desde 2015, año en el que han observado un incremento de las bandas de crimen organizado, exacerbando el escenario de secuestros en el departamento. Ella considera que la no implementación adecuada del acuerdo de paz ha fortalecido a los grupos armados históricamente presentes en la región. Además, critica la escasa atención que las instituciones brindan a las alertas tempranas, otro factor que agrava la situación.
El estudio de la Fundación Libremente también revela que el secuestro en Colombia experimentó un aumento del 111,25% en 2023 respecto a 2021, alcanzando un total de 338 casos, el más alto en los últimos 15 años. Aunque en 2024 se registró una ligera disminución a 290 casos, el panorama sigue siendo complejo para Norte de Santander, especialmente en el área metropolitana de Cúcuta.
En Cúcuta específicamente, se documentaron 12 casos con 17 víctimas en 2024, dos casos más que en 2023. Según fuentes judiciales, este incremento se atribuye principalmente a la territorialidad ejercida por grupos armados organizados en ciertas zonas, lo cual les permite identificar a personas en áreas de su influencia y monitorear sus patrimonios y actividades económicas con impunidad.
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