En Colombia, las notarías han sido históricamente vistas como un premio otorgado por los gobiernos a sus aliados más cercanos. Se trata de oficinas en las que se maneja un alto flujo de dinero y donde el ejercicio de la función pública es bien remunerado. La Superintendencia de Notariado y Registro, entidad bajo el control del Ejecutivo, regula estos despachos y supervisa los nombramientos de los notarios, los cuales dependen directamente del presidente de la República con la firma de la ministra de Justicia.
El gobierno de Gustavo Petro no ha sido la excepción en esta práctica, y en los últimos meses se han conocido varios nombramientos en notarías que han beneficiado a personas cercanas a la actual canciller, Laura Sarabia. Los casos han generado cuestionamientos sobre la transparencia en estos procesos y han sido objeto de debate en diversos sectores políticos y sociales.
Los nombramientos en el centro de la controversia
Uno de los casos más representativos es el de la abogada Daniela Andrade, quien fue designada como notaria 36 de Bogotá. Esta notaría es una de las más importantes del país, tanto por su ubicación en el centro de la capital, cerca de entidades gubernamentales, como por el volumen de dinero que maneja. Se estima que factura más de 350 millones de pesos mensuales, mientras que los ingresos de Andrade rondarían los 70 millones de pesos mensuales.
Andrade es pareja de Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Presidencia y padrino de matrimonio de la canciller Sarabia. Antes de su nombramiento, se desempeñó como vicepresidenta de contratación derivada en la Fiduprevisora, cargo que dejó en junio de 2023. Su llegada a la notaría ocurrió en septiembre del mismo año, bajo la administración de Mauricio Marín, exdirector de la Fiduprevisora, quien salió en medio de la crisis por la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros y sus desacuerdos con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Al conocerse su designación, el presidente Gustavo Petro salió en su defensa a través de la red social X, asegurando que el nombramiento de Andrade obedecía a sus méritos y experiencia en la materia. Sin embargo, dentro de la Superintendencia de Notariado y Registro, algunas voces han señalado que su llegada a la Notaría 36 responde más a su cercanía con el Gobierno que a un proceso meritocrático.
Más casos de designaciones polémicas
Además del nombramiento de Andrade, han salido a la luz otros casos de asignaciones notariales que han despertado suspicacias:
Jacobo Alejandro González, quien trabajaba en la oficina de abogados de Mauricio Pava, actual defensor del presidente Petro y cercano a Sarabia, fue nombrado en la Notaría 75 de Bogotá.
Érika Macías, esposa del coronel Alfonso Burbano, fue designada como notaria de la Notaría 48 de Bogotá. Burbano ha sido vinculado con el coronel Carlos Feria, imputado por las interceptaciones ilegales a Marlebys Meza, la exniñera de Sarabia.
Indira Álvarez, presunta amiga de la canciller Sarabia, fue nombrada en la Notaría Segunda de Bogotá. Antes de este cargo, trabajó en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) cuando Sarabia era la jefa de esa dependencia.
El debate sobre el control y la transparencia en las notarías
El manejo de las notarías en Colombia ha sido motivo de controversia durante décadas. La relación entre el Ejecutivo y la designación de notarios ha generado preocupaciones sobre la posible politización de estas oficinas y la falta de transparencia en los procesos de selección. Aunque los gobiernos suelen argumentar que los nombramientos obedecen a criterios técnicos y meritocráticos, los vínculos personales y políticos de los designados con altos funcionarios alimentan la percepción de que estos cargos son utilizados como favores políticos.
La actual administración ha defendido sus designaciones, argumentando que cumplen con los requisitos legales y que los nombrados tienen experiencia en el ámbito jurídico. No obstante, sectores críticos han pedido mayor vigilancia sobre la forma en que se otorgan estas posiciones y han planteado la necesidad de reformas que garanticen procesos de selección más objetivos y alejados de intereses políticos.
La polémica sobre estos nombramientos sigue abierta y plantea interrogantes sobre el uso del poder en Colombia, el acceso a los cargos públicos y la transparencia en las decisiones del gobierno. En un país donde la confianza en las instituciones es frágil, los casos de Andrade, González, Macías y Álvarez refuerzan la idea de que las notarías continúan siendo parte de una red de influencias políticas difícil de desmantelar.
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