Las pérdidas de agua potable en el Valle de Aburrá y Rionegro han alcanzado cifras preocupantes, estimándose en alrededor de 117 millones de metros cúbicos. Este volumen es equivalente a llenar diez veces el embalse de La Fe, ubicado en El Retiro, Antioquia, una de las principales reservas hídricas del departamento.
Para dimensionar el impacto, esta cantidad de agua
alcanzaría para abastecer durante diez meses a
toda la población de un municipio como Medellín, según cálculos de Empresas
Públicas de Medellín (EPM). Sin embargo, una de las principales causas de estas
pérdidas está relacionada con las conexiones ilegales,
una problemática que afecta la prestación del servicio de acueducto y reduce la
cantidad de agua disponible para quienes la consumen de manera regular.
Conexiones ilegales: un
problema creciente
El impacto de las conexiones ilegales va más allá de la
disponibilidad del recurso. Estas prácticas no solo ponen en riesgo la
infraestructura del acueducto, generando daños en las redes y elevando los
costos de mantenimiento, sino que también incentivan el derroche de agua. De
acuerdo con estimaciones de expertos, quienes acceden al agua de
manera fraudulenta consumen entre dos y tres veces más que los
usuarios que pagan legalmente por el servicio.
El problema no es menor si se considera el crecimiento
poblacional y el aumento de la demanda de agua en la región. Con el cambio
climático y las temporadas de sequía cada vez más frecuentes, el uso
responsable del recurso hídrico se convierte en un desafío clave para las
autoridades y la ciudadanía.
Llamado a la conciencia y
acciones de control
EPM ha insistido en la necesidad de generar conciencia
sobre el impacto negativo de las conexiones ilegales y ha intensificado los
operativos para detectar y sancionar estas prácticas. Además, se han
implementado campañas de sensibilización para promover el uso responsable del
agua y garantizar que el suministro llegue de manera equitativa a toda la
población.
El reto ahora es fortalecer la vigilancia y la cultura del
pago del servicio para evitar que la crisis hídrica se agrave. A fin de
cuentas, el agua es un recurso vital que debe ser protegido y administrado con
responsabilidad.
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