Por décadas, la Cámara de Comercio de Cúcuta ha sido un ente clave para el desarrollo empresarial de la región. Sin embargo, en los últimos meses, un proyecto que en principio parecía una apuesta por la modernización de la entidad se ha convertido en el centro de una fuerte controversia. Se trata de la construcción de su segunda sede, un ambicioso complejo cuyo costo ascendería a los 40.000 millones de pesos y que, según denuncias elevadas ante la Procuraduría General de la Nación y el Juzgado Administrativo de Reparto de Cúcuta, podría estar financiado con recursos de destinación específica, en aparente violación de la ley.
El origen de la controversia
El empresario y constructor Luis Alfredo Quintero ha sido el principal
denunciante de lo que califica como “un uso indebido de fondos públicos”. Según
su querella presentada ante la Procuraduría y su Acción Popular interpuesta en
el Juzgado Administrativo, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y su
presidente ejecutivo, Sergio Castillo, estarían utilizando recursos
provenientes del superávit acumulado de la tasa de registro mercantil para
financiar la compra del terreno y la construcción del nuevo edificio. Esta
situación sería irregular, según jurisprudencia del Consejo de Estado, ya que
estos dineros son considerados de carácter público y deben ser destinados
exclusivamente a la función registral de la entidad.
“Se está destinando inicialmente una suma millonaria a la compra de un lote
presuntamente sobrevalorado en 3.700 millones de pesos y en estudios, diseños y
construcción de 8.000 metros cuadrados, lo que compromete seriamente la
estabilidad financiera de la Cámara de Comercio”, afirma Quintero en su
denuncia.
Un megaproyecto con fondos
públicos
El proyecto en cuestión no solo contempla oficinas para la Cámara de
Comercio, sino también un centro de eventos, espacios comerciales, coworking,
cafeterías y parqueaderos. Esta configuración ha levantado serias dudas sobre
si la inversión realmente responde a las necesidades del sector empresarial
cucuteño o si, por el contrario, se trata de un negocio inmobiliario disfrazado
de desarrollo institucional.
En la Acción Popular interpuesta, Quintero argumenta que la inversión en
este tipo de infraestructura desvía recursos que podrían ser destinados a
fortalecer el acceso a créditos para pequeños empresarios, programas de
capacitación y estrategias para mejorar la competitividad de la región. “Con estos
recursos se podrían financiar iniciativas que combatan el préstamo informal o
‘gota a gota’ y mejorar el acceso a herramientas para emprendedores, tal como
lo ha propuesto el Gobierno Nacional”, enfatiza.
Además, el empresario subraya que la decisión de invertir en una megaobra
inmobiliaria en medio de la grave crisis económica y social que atraviesa
Cúcuta, con más de 50.000 desplazados del Catatumbo y una de las tasas de
informalidad más altas del país, resulta desconectada de la realidad regional.
“No se entiende cómo la Junta Directiva decide invertir en un negocio
inmobiliario en vez de atender las verdaderas prioridades de los empresarios y
ciudadanos”, puntualiza.
Solicitud de investigación y
medidas cautelares
A raíz de las denuncias, Quintero ha solicitado a la Procuraduría General de
la Nación la suspensión inmediata del proyecto y una investigación a fondo para
determinar si hubo irregularidades en la destinación de los recursos.
Igualmente, en la Acción Popular, exige que el Juez Administrativo ordene la
paralización de la Convocatoria No. 015 de 2025, por medio de la cual se
adelantó el proceso de contratación.
Además, en caso de que la inversión ya realizada no pueda revertirse, el
denunciante pide que la Contraloría General de la República abra una
investigación por presunto detrimento patrimonial y ordene la restitución de
los fondos. También solicita que la Fiscalía y la Procuraduría sancionen a los
responsables de la aprobación del proyecto.
Reacciones y un ambiente de
incertidumbre
La denuncia ha generado un intenso debate en el sector empresarial y
jurídico. Mientras algunos empresarios apoyan la construcción de la nueva sede
como un paso necesario para modernizar la Cámara de Comercio y mejorar la
oferta de servicios para los comerciantes, otros consideran que la iniciativa
es un despropósito y que existen intereses oscuros detrás del proyecto.
“Da tristeza que quieran manejar la Cámara de Comercio como si fuera una
finca, utilizando recursos de los comerciantes para un negocio que beneficia a
unos pocos”, expresó un empresario que prefirió no revelar su identidad. En
redes sociales, varios ciudadanos han manifestado su indignación, cuestionando
la transparencia de la administración de la Cámara y la falta de control de los
órganos de vigilancia.
Por su parte, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta y su
presidente Sergio Castillo han guardado silencio ante las denuncias,
limitándose a defender la legalidad del proyecto en comunicados
institucionales. Sin embargo, la presión mediática y jurídica podría obligarlos
a pronunciarse en los próximos días.
¿Un proyecto con intereses
políticos?
Las denuncias han despertado sospechas sobre la posible intervención de
sectores de la clase política en este proyecto. Cúcuta ha sido históricamente
un terreno fértil para redes de corrupción y clientelismo, donde las decisiones
económicas de entidades como la Cámara de Comercio no suelen estar desligadas
de los intereses de los grupos de poder. La inversión de 40.000 millones de
pesos en un megaproyecto inmobiliario, sin una justificación clara en términos
de desarrollo empresarial, podría estar beneficiando a políticos con intereses
en el sector de la construcción y a contratistas cercanos a la administración
de la entidad.
El silencio de los empresarios, comerciantes y sectores políticos que
tradicionalmente han defendido los intereses de la ciudad genera aún más dudas.
Es llamativo que no haya pronunciamientos contundentes por parte de gremios
económicos ni de representantes políticos locales, lo que podría indicar que
existe un pacto tácito de protección a los impulsores del proyecto. La ausencia
de protestas por parte de las bases populares, las juntas comunales y los
sindicatos también plantea interrogantes sobre la capacidad de movilización
ciudadana frente a presuntas irregularidades que afectan el destino de recursos
públicos.
Algunos analistas consideran que este silencio responde al miedo a
represalias o a la falta de acceso a la información completa sobre el proyecto.
Sin embargo, si no se ejerce una mayor presión social y política, el
megaproyecto podría concretarse sin una verdadera fiscalización, consolidando
una vez más el poder de la clase política tradicional sobre los recursos de la
región.
El futuro del megaproyecto
El caso sigue su curso en los tribunales y los órganos de control, y la
decisión del juez sobre las medidas cautelares solicitadas podría ser
determinante para el futuro del proyecto. Mientras tanto, la polémica está
lejos de apaciguarse, pues crecen las dudas sobre si la construcción de la
nueva sede es una necesidad real o si, como muchos temen, se trata de un
negocio que solo beneficiará a un pequeño grupo de poder.
En una región golpeada por la crisis económica y la falta de oportunidades,
el destino de estos recursos públicos debe ser examinado con lupa. La respuesta
de la justicia y los organismos de control será clave para definir si la Cámara
de Comercio de Cúcuta sigue siendo un aliado de los empresarios o si, por el
contrario, ha caído en las garras de la corrupción y los intereses
particulares.
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