El escándalo de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Cúcuta: ¿Negocio inmobiliario o detrimento patrimonial?

Por décadas, la Cámara de Comercio de Cúcuta ha sido un ente clave para el desarrollo empresarial de la región. Sin embargo, en los últimos meses, un proyecto que en principio parecía una apuesta por la modernización de la entidad se ha convertido en el centro de una fuerte controversia. Se trata de la construcción de su segunda sede, un ambicioso complejo cuyo costo ascendería a los 40.000 millones de pesos y que, según denuncias elevadas ante la Procuraduría General de la Nación y el Juzgado Administrativo de Reparto de Cúcuta, podría estar financiado con recursos de destinación específica, en aparente violación de la ley.

El origen de la controversia

El empresario y constructor Luis Alfredo Quintero ha sido el principal denunciante de lo que califica como “un uso indebido de fondos públicos”. Según su querella presentada ante la Procuraduría y su Acción Popular interpuesta en el Juzgado Administrativo, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y su presidente ejecutivo, Sergio Castillo, estarían utilizando recursos provenientes del superávit acumulado de la tasa de registro mercantil para financiar la compra del terreno y la construcción del nuevo edificio. Esta situación sería irregular, según jurisprudencia del Consejo de Estado, ya que estos dineros son considerados de carácter público y deben ser destinados exclusivamente a la función registral de la entidad.

“Se está destinando inicialmente una suma millonaria a la compra de un lote presuntamente sobrevalorado en 3.700 millones de pesos y en estudios, diseños y construcción de 8.000 metros cuadrados, lo que compromete seriamente la estabilidad financiera de la Cámara de Comercio”, afirma Quintero en su denuncia.

Un megaproyecto con fondos públicos

El proyecto en cuestión no solo contempla oficinas para la Cámara de Comercio, sino también un centro de eventos, espacios comerciales, coworking, cafeterías y parqueaderos. Esta configuración ha levantado serias dudas sobre si la inversión realmente responde a las necesidades del sector empresarial cucuteño o si, por el contrario, se trata de un negocio inmobiliario disfrazado de desarrollo institucional.

En la Acción Popular interpuesta, Quintero argumenta que la inversión en este tipo de infraestructura desvía recursos que podrían ser destinados a fortalecer el acceso a créditos para pequeños empresarios, programas de capacitación y estrategias para mejorar la competitividad de la región. “Con estos recursos se podrían financiar iniciativas que combatan el préstamo informal o ‘gota a gota’ y mejorar el acceso a herramientas para emprendedores, tal como lo ha propuesto el Gobierno Nacional”, enfatiza.

Además, el empresario subraya que la decisión de invertir en una megaobra inmobiliaria en medio de la grave crisis económica y social que atraviesa Cúcuta, con más de 50.000 desplazados del Catatumbo y una de las tasas de informalidad más altas del país, resulta desconectada de la realidad regional. “No se entiende cómo la Junta Directiva decide invertir en un negocio inmobiliario en vez de atender las verdaderas prioridades de los empresarios y ciudadanos”, puntualiza.

Solicitud de investigación y medidas cautelares

A raíz de las denuncias, Quintero ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación la suspensión inmediata del proyecto y una investigación a fondo para determinar si hubo irregularidades en la destinación de los recursos. Igualmente, en la Acción Popular, exige que el Juez Administrativo ordene la paralización de la Convocatoria No. 015 de 2025, por medio de la cual se adelantó el proceso de contratación.

Además, en caso de que la inversión ya realizada no pueda revertirse, el denunciante pide que la Contraloría General de la República abra una investigación por presunto detrimento patrimonial y ordene la restitución de los fondos. También solicita que la Fiscalía y la Procuraduría sancionen a los responsables de la aprobación del proyecto.

Reacciones y un ambiente de incertidumbre

La denuncia ha generado un intenso debate en el sector empresarial y jurídico. Mientras algunos empresarios apoyan la construcción de la nueva sede como un paso necesario para modernizar la Cámara de Comercio y mejorar la oferta de servicios para los comerciantes, otros consideran que la iniciativa es un despropósito y que existen intereses oscuros detrás del proyecto.

“Da tristeza que quieran manejar la Cámara de Comercio como si fuera una finca, utilizando recursos de los comerciantes para un negocio que beneficia a unos pocos”, expresó un empresario que prefirió no revelar su identidad. En redes sociales, varios ciudadanos han manifestado su indignación, cuestionando la transparencia de la administración de la Cámara y la falta de control de los órganos de vigilancia.

Por su parte, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta y su presidente Sergio Castillo han guardado silencio ante las denuncias, limitándose a defender la legalidad del proyecto en comunicados institucionales. Sin embargo, la presión mediática y jurídica podría obligarlos a pronunciarse en los próximos días.

¿Un proyecto con intereses políticos?

Las denuncias han despertado sospechas sobre la posible intervención de sectores de la clase política en este proyecto. Cúcuta ha sido históricamente un terreno fértil para redes de corrupción y clientelismo, donde las decisiones económicas de entidades como la Cámara de Comercio no suelen estar desligadas de los intereses de los grupos de poder. La inversión de 40.000 millones de pesos en un megaproyecto inmobiliario, sin una justificación clara en términos de desarrollo empresarial, podría estar beneficiando a políticos con intereses en el sector de la construcción y a contratistas cercanos a la administración de la entidad.

El silencio de los empresarios, comerciantes y sectores políticos que tradicionalmente han defendido los intereses de la ciudad genera aún más dudas. Es llamativo que no haya pronunciamientos contundentes por parte de gremios económicos ni de representantes políticos locales, lo que podría indicar que existe un pacto tácito de protección a los impulsores del proyecto. La ausencia de protestas por parte de las bases populares, las juntas comunales y los sindicatos también plantea interrogantes sobre la capacidad de movilización ciudadana frente a presuntas irregularidades que afectan el destino de recursos públicos.

Algunos analistas consideran que este silencio responde al miedo a represalias o a la falta de acceso a la información completa sobre el proyecto. Sin embargo, si no se ejerce una mayor presión social y política, el megaproyecto podría concretarse sin una verdadera fiscalización, consolidando una vez más el poder de la clase política tradicional sobre los recursos de la región.

El futuro del megaproyecto

El caso sigue su curso en los tribunales y los órganos de control, y la decisión del juez sobre las medidas cautelares solicitadas podría ser determinante para el futuro del proyecto. Mientras tanto, la polémica está lejos de apaciguarse, pues crecen las dudas sobre si la construcción de la nueva sede es una necesidad real o si, como muchos temen, se trata de un negocio que solo beneficiará a un pequeño grupo de poder.

En una región golpeada por la crisis económica y la falta de oportunidades, el destino de estos recursos públicos debe ser examinado con lupa. La respuesta de la justicia y los organismos de control será clave para definir si la Cámara de Comercio de Cúcuta sigue siendo un aliado de los empresarios o si, por el contrario, ha caído en las garras de la corrupción y los intereses particulares.

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