La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión a los magistrados del Tribunal de Villavicencio, Joel Darío Trejos Londoño, Alcibíades Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, tras hallarlos culpables de emitir fallos que beneficiaban a miembros de grupos paramilitares a cambio de sobornos.
Las condenas
Fausto Rubén Díaz Rodríguez recibió una condena de 128 meses de prisión y una multa de 434 salarios mínimos por el delito de prevaricato por acción agravado en concurso homogéneo.
Alcibíades Vargas Bautista fue condenado a 120 meses de prisión y al pago de 306 salarios mínimos por los delitos de cohecho propio en concurso heterogéneo con prevaricato por acción.
Joel Darío Trejos Londoño también fue sentenciado a 120 meses de prisión y una multa de 306 salarios mínimos por los mismos delitos que Vargas Bautista.
Fallos irregulares a favor del crimen organizado
Las investigaciones revelaron que los magistrados concedieron detención domiciliaria o libertad a reconocidos criminales vinculados a la "Oficina de Envigado", entre ellos alias "Cesarín" y "Bacalao".
Además, la sentencia menciona el caso "Autorriling", donde los jueces habrían recibido hospedajes en lujosos hoteles y participado en fiestas a cambio de favorecer con sus decisiones a una pareja condenada por homicidio.
Pruebas contundentes en la investigación
El expediente de más de 400 páginas contiene pruebas que evidencian la manipulación intencional de penas, la omisión deliberada de términos procesales y la revocatoria de fallos condenatorios a cambio de sobornos.
La Corte Suprema señaló en su fallo que "los conceptos del acusado fueron actos de su conocimiento y no una equivocación desafortunada, emitidos al margen de la normatividad y la jurisprudencia a aplicar, de las pruebas y de las reglas de la sana crítica, algo que un funcionario judicial de su experiencia no podía ignorar. Con lo cual se comprueba que su propósito no era impartir justicia sino favorecer a un tercero".
Esta decisión reafirma el compromiso de la justicia con la lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder judicial, enviando un mensaje claro sobre la gravedad de estos actos y sus consecuencias legales.
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