En medio de una compleja coyuntura fiscal en Colombia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha firmado un contrato por más de 600.000 millones de pesos, con vigencia hasta julio de 2026 y posibilidad de adiciones para 2027, destinado a garantizar la seguridad de personas bajo amenaza de muerte. La magnitud del contrato ha generado una fuerte controversia, especialmente por las dificultades financieras que enfrenta el país, afectando programas sociales esenciales.
El acuerdo fue suscrito por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, con la empresa Neosecurity, propiedad del empresario Alan Perlman. Según fuentes cercanas a la entidad, solo dos empresas en Colombia tienen la capacidad logística de ofrecer más de 2.000 camionetas blindadas, un requisito clave del contrato, lo que limitó significativamente la competencia. Además, la reciente normativa de la UNP que permite a una sola compañía competir en varias zonas simultáneamente favoreció la adjudicación global del servicio.
Prioridades en entredicho
La firma de este contrato ocurre mientras otras áreas críticas del país enfrentan graves dificultades por falta de recursos. En Puerto Carreño, Vichada, la población inició el año en penumbra debido a atrasos en los pagos de subsidios para el suministro energético, lo que obligó a la empresa local a suspender el servicio. De igual forma, el programa “Hambre Cero” y los apoyos a estudiantes en universidades privadas enfrentaron retrasos en los giros, según admitió el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.
Estas situaciones han puesto en el centro del debate la prioridad que se otorga al gasto en esquemas de seguridad frente a necesidades sociales urgentes.
Un modelo de protección cuestionado
El gasto en esquemas de seguridad en Colombia ha sido un tema de constante debate. La asignación de camionetas blindadas y escoltas a políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales representa un rubro significativo en el presupuesto nacional. Expertos han señalado la necesidad de replantear este modelo, considerado excesivo, centralizado y costoso.
La controversia se agudiza con las investigaciones en curso de la Superintendencia de Industria y Comercio por presunta cartelización en los contratos de la UNP, donde figuran nombres como el de Alan Perlman y Jorge Moreno, este último con antecedentes judiciales.
Un debate urgente sobre el gasto público
Diversos sectores, incluidos políticos y organizaciones sociales, han solicitado una revisión profunda del modelo de protección en el país. Aunque es innegable la necesidad de garantizar la seguridad de quienes enfrentan riesgos extraordinarios, el gasto desproporcionado en este rubro frente a las urgencias sociales plantea serias dudas sobre las prioridades gubernamentales, especialmente en un momento de ajuste fiscal.
La firma del contrato por parte de la UNP no solo reaviva el debate sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino que también pone bajo la lupa la transparencia y los mecanismos de adjudicación en contratos de esta magnitud. ¿Es posible un modelo de seguridad más eficiente y menos costoso que no sacrifique la protección de los amenazados ni los programas sociales fundamentales? Esa es la gran pregunta que el país deberá resolver.
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