En el corazón del nororiente colombiano, los ecos de la violencia resuenan con fuerza. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 027, un llamado urgente que busca visibilizar la crítica situación de riesgo que enfrentan los municipios de Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Los Patios. Este documento no solo desnuda las crudas cifras de homicidios, desplazamientos forzados y amenazas, sino también pinta un retrato desgarrador de una región asediada por grupos armados y bandas criminales.
Un territorio bajo asedio
Según Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, el control territorial ejercido por organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ha creado un entorno hostil donde la vida de miles de personas está en constante peligro. Estas estructuras se entremezclan con bandas criminales como el ‘Tren de Aragua’, ‘AK-47’ y ‘Los del Norte’, que operan impunemente, explotando los pasos fronterizos para actividades como el microtráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes. La violencia no discrimina: defensores de derechos humanos, comerciantes, migrantes y comunidades vulnerables son sus principales víctimas.
La comunidad Yukpa, una de las más afectadas, enfrenta un panorama desolador. Niños y adolescentes de este pueblo indígena son explotados en actividades ilegales, una tragedia que refleja la magnitud del problema. Adicionalmente, el aumento de personas en situación de calle desde 2021 ha duplicado su exposición a redes de criminalidad, ampliando el espectro de una crisis humanitaria sin precedentes.
Una región en jaque
La Defensoría ha trazado un plan de acción con 39 recomendaciones divididas en seis ejes estratégicos. Entre ellas se destacan la coordinación para una respuesta rápida, la disuasión de amenazas, la atención humanitaria integral y el fortalecimiento del acceso a la justicia. Sin embargo, Enrique Pertuz, reconocido defensor de derechos humanos, es crítico frente a la implementación de estas medidas.
“Las acciones de las instituciones locales y nacionales son mínimas o inexistentes”, denunció Pertuz. Según él, la falta de voluntad política se ha convertido en el mayor obstáculo para proteger a las comunidades. Además, subrayó que el asesinato de más de 80 líderes sociales en los últimos seis años y las más de 3.000 amenazas documentadas en 2024 son evidencia de la precariedad de las garantías para quienes defienden los derechos humanos en Norte de Santander.
La vulnerabilidad de los defensores también quedó expuesta con el asesinato del personero de El Zulia, un recordatorio brutal de los riesgos que enfrentan aquellos que trabajan por la paz. “Nos enfrentamos a constantes amenazas, no solo de grupos armados, sino también de instituciones estatales que nos perciben como enemigos”, afirmó Pertuz.
El clamor de una región olvidada
Mientras la Defensoría monitorea y exige acción por parte de las autoridades, las comunidades continúan viviendo entre sombras. Norte de Santander enfrenta una de las crisis más complejas de su historia reciente, donde la violencia, la pobreza y el desempleo se entrelazan para crear un panorama sombrío. La Alerta Temprana 027 es un grito desesperado que busca movilizar a las instituciones gubernamentales para detener el derramamiento de sangre y restaurar la esperanza en una región que clama por paz y justicia.
La pregunta sigue siendo si este llamado será suficiente para romper el ciclo de indiferencia y violencia que ha marcado a Norte de Santander, o si seguirá siendo una más de las tantas alertas que se pierden en el olvido.
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