El proyecto "Por las Regiones", que busca que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos, ha desatado un debate que pone en el centro la promesa de descentralización administrativa de la Constitución de 1991. Mientras sus promotores aseguran que esta iniciativa permitirá a las regiones duplicar sus ingresos para inversión, el Gobierno Nacional advierte sobre el riesgo de inviabilidad fiscal en la mayoría de los territorios del país.
Una propuesta que enciende el debate nacional
La iniciativa, liderada por un comité promotor que entregó más de 3 millones de firmas a la Registraduría para convocar un referendo, ha sido duramente cuestionada por el presidente Gustavo Petro. Según el mandatario, “si los departamentos pudieran administrar sus impuestos de renta y patrimonio, solo dos territorios tendrían finanzas públicas: Bogotá y Medellín”. Petro advirtió que modificar el sistema tributario centralizado podría generar un colapso financiero en los departamentos menos desarrollados.
En contraste, los promotores del referendo, como el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, aseguran que esta lectura del Gobierno es “precipitada y falaz”. Según ellos, la descentralización fiscal permitiría a todos los departamentos aumentar significativamente los recursos para atender las necesidades locales, mientras que el único afectado sería el Gobierno Central, acusado de retrasar importantes proyectos regionales.
El origen del referendo ‘Por las Regiones’
La propuesta comenzó a gestarse en enero de 2023, con líderes políticos y académicos de diferentes departamentos uniéndose para impulsar una reforma que fortalezca la autonomía fiscal regional. Entre los integrantes del comité promotor están figuras como Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE; María del Rosario Guerra, exsenadora y exministra de Comunicaciones; y Wilson Ruiz Orjuela, exministro de Justicia.
Aunque no es miembro del comité, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se ha convertido en uno de los principales defensores de la propuesta. Rendón ha denunciado la inequidad en la distribución de los recursos nacionales, citando como ejemplo que Antioquia, que aporta $30 billones al presupuesto nacional, recibe solo $5 billones a cambio. Según él, esto ha generado absurdos como que municipios de primera categoría como Rionegro tengan mayores recursos disponibles que toda la Gobernación de Antioquia.
¿Cómo cambiaría el modelo fiscal?
La propuesta busca reformar la Constitución para que los departamentos y el distrito capital tengan la competencia exclusiva de gravar la renta y el patrimonio, tanto de personas como de empresas. Esto implicaría que el recaudo de estos tributos quede directamente en las regiones, eliminando el actual sistema centralizado.
El impacto sería significativo: en 2021 y 2022, los impuestos de renta y patrimonio representaron el 45% de los ingresos corrientes de la Nación. De aprobarse la reforma, el Gobierno Central perdería una de sus principales fuentes de financiación, mientras que los departamentos tendrían un incremento sustancial en sus ingresos.
Posturas irreconciliables
El debate evidencia una fractura entre la visión del Gobierno Nacional y las necesidades de las regiones. Mientras la Casa de Nariño sostiene que la centralización garantiza estabilidad fiscal y equidad entre territorios, los defensores del proyecto argumentan que los recursos nacionales no llegan de manera equitativa a las regiones y que el modelo actual perpetúa la dependencia de los departamentos respecto al Gobierno Central.
Con el referendo “Por las Regiones” en marcha, el país se enfrenta a una decisión que podría cambiar radicalmente la distribución de los ingresos públicos y redefinir el papel de las regiones en la administración de sus recursos. El debate no solo es fiscal, sino también político, tocando fibras profundas sobre la autonomía, la equidad y el desarrollo territorial en Colombia.
Una reforma en manos de un largo proceso institucional
El referendo “Por las Regiones” ha iniciado un camino que promete ser extenso y complejo. Tras la entrega de más de 3 millones de firmas, el proceso depende ahora de la validación de la Registraduría, que verificará si estas cumplen con los requisitos legales. En caso de superar esta etapa, el proyecto será sometido a debate en el Congreso, donde enfrentará otro obstáculo significativo antes de llegar a la Corte Constitucional, instancia encargada de evaluar su conformidad con la Carta Magna.
Aunque los promotores han cumplido con los tiempos estipulados para la recolección de firmas, queda por determinar si el referendo se realizaría en 2025 o si coincidiría con las elecciones presidenciales de 2026, un factor que podría incidir en su impacto político y social.
Por ahora, el proyecto ha logrado abrir un debate nacional sobre el modelo de distribución de los ingresos públicos, exponiendo la tensión entre las aspiraciones de autonomía de las regiones y las preocupaciones del Gobierno Nacional sobre la sostenibilidad fiscal del país. La ruta por recorrer es incierta, pero el eco de esta propuesta seguirá resonando en la agenda política de los próximos años.
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