La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 1423 de 2018. Este contrato, cuyo propósito era el fortalecimiento de la cultura digital mediante la implementación de puntos de conectividad WiFi en escuelas públicas, parques y bibliotecas del departamento, ascendió a un valor de 18.438 millones de pesos.
Adjudicado el 22 de marzo de 2018, el proyecto tenía como meta promover el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Sin embargo, el inicio de su operación se retrasó hasta 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia por COVID-19, lo que provocó múltiples suspensiones en su implementación.
Conectividad en la mira: un patrón de irregularidades
El caso del contrato 1423 no es un hecho aislado en la historia de la conectividad en Colombia. A nivel nacional, el escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados, durante el gobierno de Iván Duque, desató una controversia que puso en evidencia graves fallas en la contratación pública para proyectos de conectividad. En ese caso, el Estado sufrió un desfalco superior a los 87.000 millones de pesos, destinados a instalar 7.277 centros digitales en zonas rurales de 16 departamentos.
La Contraloría General de la República calificó la gestión del proyecto como "fiscalmente ineficaz, ineficiente e inoportuna", dado que no se logró cumplir con la entrega total de los puntos de conectividad prometidos. Este precedente subraya la importancia de investigar a fondo posibles detrimentos al patrimonio público en casos como el de Norte de Santander.
Antecedentes disciplinarios del gobernador
La apertura de esta nueva investigación no es el primer señalamiento disciplinario contra el gobernador Villamizar. Durante su mandato entre 2016 y 2019, la Procuraduría también inició un proceso por irregularidades en un proyecto agrícola para la producción de cacao. En esa oportunidad, el contrato, financiado con recursos de regalías y con un costo total de 2.838 millones de pesos, fue objeto de cuestionamientos por presuntas anomalías en su ejecución.
Una alerta sobre la administración de recursos
Los casos recurrentes de irregularidades en proyectos de conectividad y desarrollo en Colombia han puesto en el centro del debate la necesidad de un mayor control en la adjudicación y supervisión de contratos públicos. Además, resaltan las preocupaciones sobre la efectividad de las políticas de inclusión digital, vitales para cerrar brechas sociales en regiones apartadas.
Mientras avanza la investigación, la ciudadanía y los entes de control deberán velar por la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que los recursos públicos sean utilizados para el propósito original: mejorar la calidad de vida de las comunidades.
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