En un avance significativo dentro del diálogo entre el Gobierno Nacional y representantes de bandas criminales del Valle de Aburrá, los llamados "apás" firmaron este jueves en la cárcel de Itagüí una serie de compromisos orientados a la construcción de paz urbana. El acuerdo, que se enmarca en el "espacio de conversación sociojurídico para la construcción de paz urbana", marca un giro hacia acciones concretas tras un año y medio de reuniones que habían generado más expectativas que resultados.
Compromisos clave
Entre los compromisos asumidos, destaca la decisión de eliminar la extorsión en 25 barrios de Medellín y Bello durante un mes, desde el 19 de diciembre de 2024 hasta el 19 de enero de 2025. Este compromiso abarca barrios emblemáticos de la comuna 4 de Medellín, como Manrique Central, Moravia, y Sevilla, así como sectores estratégicos de Bello como Pachelly y Altos de Quitasol.
Los excapos también aseguraron que las "fronteras invisibles" que históricamente dividían territorios en el Valle de Aburrá ya no existen y prometieron mantener la reducción en los homicidios derivados de confrontaciones entre estructuras armadas, que este año han disminuido en un 15 % respecto a 2023.
Avances contra otros delitos
Los compromisos abarcan otros aspectos críticos de la seguridad urbana:
- Lucha contra la explotación sexual de menores: Se comprometieron a colaborar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), proporcionando información sobre casos en territorios como La Candelaria, Laureles y San Javier.
- Erradicación de drogas: Manifestaron su disposición para combatir la comercialización de sustancias como heroína y fentanilo, y garantizaron acciones para evitar la venta de drogas en instituciones educativas del Valle de Aburrá.
Además, resaltaron que, gracias a sus esfuerzos, en barrios como Aranjuez está prohibida la comercialización de 2CB, conocido como "Tusi".
Extorsión: un problema de fondo
El estudio conjunto de la Universidad Eafit, la Universidad de Chicago y la ONG Innovations for Poverty Action reveló que cerca de 150.000 hogares y negocios en Medellín pagan extorsiones semanalmente, con una alta incidencia en barrios como Manrique Central, donde el 60 % de los comercios se ven afectados. Sin embargo, las denuncias oficiales reflejan un subregistro significativo, con apenas 873 casos reportados en toda la ciudad este año, según la Secretaría de Seguridad.
Ausencias y desafíos
Aunque el compromiso firmado representa un avance, llamó la atención la ausencia de representantes de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y las víctimas, lo que subraya las tensiones políticas en torno a estas conversaciones.
El Gobierno Nacional insiste en la importancia de la participación de las autoridades locales, pese a la oposición del gobernador Aníbal Gaviria y el alcalde Federico Gutiérrez, quienes han cuestionado la legitimidad y efectividad de estas mesas de diálogo.
Un paso hacia la paz urbana
Este acuerdo plantea esperanzas para reducir la violencia y los delitos en Medellín y Bello, pero también evidencia la complejidad de enfrentar dinámicas criminales profundamente arraigadas. Su éxito dependerá no solo del cumplimiento de estos compromisos, sino de un trabajo conjunto entre los diferentes actores institucionales, sociales y comunitarios.
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