En el vasto engranaje del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), un presunto desfase de $23.000 millones de pesos se ha convertido en el epicentro de un escándalo que pone en tela de juicio la transparencia y el manejo de los recursos destinados al pasivo pensional de municipios y departamentos de Colombia.
Esta historia, que combina un entramado de contratos, decisiones cuestionables y denuncias de irregularidades, revela el desorden administrativo y las tensiones entre funcionarios encargados de salvaguardar una de las principales reservas financieras del país.
De los consorcios al Tesoro Nacional
En abril de 2023, culminaron los contratos de cinco consorcios responsables de administrar el portafolio del Fonpet, un fondo cuyo valor real alcanzaba los $59,7 billones de pesos. Desde ese momento, el Tesoro Nacional, bajo la administración de Hacienda, asumió el control total del portafolio hasta diciembre del mismo año. Sin embargo, en julio, el consorcio Prag –compuesto por Fiduprevisora y Fiduagraria– ganó la licitación para gestionar el 25,99% del portafolio, mientras el 74,91% restante permaneció bajo el manejo del Tesoro Nacional.
Aquí surge el primer indicio de caos: según el contrato 6001-2023, el valor del portafolio debía distribuirse equitativamente, pero una auditoría reveló un desfase inexplicado de $23.000 millones de pesos, cifra que no aparece registrada en el sistema contable del Fonpet.
Las voces detrás del escándalo
En una reunión del 28 de noviembre de 2024, los audios registrados dejaron entrever la confusión de los involucrados. Flor Esther Salazar, una de las funcionarias de Hacienda, manifestó su desconcierto:
“Lo que uno espera saber es que la auditoría verificó que todo se ha hecho como se debería hacer (...) Yo sí quisiera ver los documentos soportes de esa instrucción porque como sabrás esto son unas cifras bastante significativas”.
Por su parte, Juan Manuel Duque, auditor de Amézquita & Cía, señaló que Ciro Contreras, supervisor funcional del contrato y exfuncionario de Hacienda, indicó que la decisión de reducir el valor del portafolio a $59.774 billones provino del Ministerio de Hacienda.
Contreras, en su defensa, afirmó que toda la información está bajo custodia del Tesoro Nacional y negó conocer el paradero de los $23.000 millones. Mientras tanto, Hacienda insistió en que los reportes financieros no evidencian hallazgo alguno sobre esta discrepancia.
Impacto en el pasivo pensional
Más allá de las cifras y los audios, el desfase tiene repercusiones directas en los rendimientos del portafolio, que son fundamentales para cubrir el pasivo pensional de las entidades territoriales. Según la ONG Advice and Service, esta situación ha generado un incremento entre el 100% y 150% en los pasivos de municipios y departamentos, bloqueando el acceso de los alcaldes y gobernadores a estos recursos.
¿Irregularidad o desorden administrativo?
Aunque no se ha confirmado el desvío o hurto de los $23.000 millones, las actas y audios dejan claro que existe un vacío de información sobre su destino. Una fuente anónima del Ministerio de Hacienda resumió la situación:
“El manejo del Fonpet es un despelote. La gente que está ahí no tiene el perfil técnico. No me sorprende que nadie dé razón de ese dinero”.
Las preguntas que persisten
El escándalo del Fonpet plantea interrogantes críticos sobre la administración de recursos públicos. ¿Por qué se tomó la decisión de reducir el valor del portafolio? ¿Quién debe responder por la falta de claridad en las cifras? Y, sobre todo, ¿qué medidas tomará el Ministerio de Hacienda para evitar que situaciones como esta se repitan?
Mientras los entes de control investigan, la confianza en la gestión del Fonpet y en la administración de Hacienda permanece en jaque. Esta es una historia que no solo pone en evidencia fallas administrativas, sino que también abre un debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos de los colombianos.
.JPG)
0 Comentarios