En una trascendental decisión, la Corte Constitucional revocó dos fallos del Consejo de Estado que habían negado la reparación a los familiares de dos jóvenes víctimas de falsos positivos, reafirmando la necesidad de reconocer la responsabilidad del Estado en estos crímenes y garantizar justicia para las víctimas.
Una revisión fundamental
La Corte anuló una sentencia emitida por la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, que había desestimado las solicitudes de reparación, y confirmó un fallo previo de la Sección Cuarta del mismo tribunal que sí había concedido un amparo a los familiares. Según la Corte, el Consejo de Estado ignoró pruebas esenciales y no aplicó adecuadamente los estándares legales para establecer la responsabilidad estatal en estos casos.
Falsos positivos: un crimen de Estado
Los familiares de las víctimas argumentaron que sus seres queridos no pertenecían a ningún grupo armado, desmintiendo las versiones oficiales presentadas por las fuerzas armadas. Denunciaron inconsistencias graves en los relatos del Ejército sobre las circunstancias de las muertes, como distancias de disparo y trayectorias de las balas, las cuales apuntaban a irregularidades en los hechos narrados.
La Corte consideró que el Consejo de Estado incurrió en una “indebida violación probatoria” al desestimar pruebas clave recolectadas durante los procesos judiciales, lo que privó a los familiares de las víctimas de un acceso pleno a la justicia.
Un precedente para la reparación de las víctimas
La decisión de la Corte Constitucional se alinea con su compromiso de proteger los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de Estado y sus familias. Al confirmar la responsabilidad estatal en los casos de falsos positivos, el fallo no solo ordena la reparación económica, sino que también resalta la importancia de reconocer el daño moral y social causado por estas ejecuciones extrajudiciales.
El camino hacia la justicia
Este fallo representa un paso importante en la lucha contra la impunidad de los falsos positivos, uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado en Colombia. Según cifras oficiales, miles de civiles fueron asesinados y presentados falsamente como combatientes caídos en enfrentamientos, un crimen que sigue siendo una herida abierta en la memoria del país.
La decisión de la Corte Constitucional reitera que el Estado no solo debe asumir su responsabilidad, sino también garantizar que las víctimas y sus familias reciban justicia, verdad y reparación integral. Este fallo se convierte en un precedente para futuras demandas de reparación y subraya la necesidad de un sistema judicial que priorice los derechos humanos y la protección de las víctimas.
Impacto en la lucha contra la impunidad
La determinación de la Corte Constitucional es un llamado al Estado para revisar su actuación en casos similares y garantizar que nunca más se repitan estos crímenes. Además, envía un mensaje contundente sobre la importancia de investigar y sancionar los actos ilegales cometidos por agentes del Estado, asegurando que la justicia prevalezca sobre la impunidad.
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