La Corte exigió al Ministerio de Relaciones Exteriores la publicación de una guía detallada que informe a los migrantes cómo acceder a una visa temporal para trabajar legalmente en Colombia mientras se resuelve su solicitud de refugio. La Cancillería deberá emitir esta hoja de ruta en un plazo razonable, asegurando que los pasos sean claros para acceder a una visa que les permita trabajar legalmente mientrás se resuelve sus solicitudes de refugio o PPT.
Además, Migración Colombia deberá abstenerse de instar a los migrantes a abandonar el salvoconducto SC-2, documento indispensable para gestionar el Permiso de Protección Temporal (PPT). Según el fallo, esta práctica constituye una vulneración al derecho al debido proceso y afecta desproporcionadamente a migrantes en situación de vulnerabilidad.
Impacto en la vida de los migrantes
La Corte subrayó que la coexistencia de los documentos SC-2 y PPT está prohibida por la normatividad actual, pero advirtió que esta restricción no puede convertirse en una barrera que priva a los migrantes de derechos fundamentales como el acceso al trabajo y el debido proceso.
Además de las órdenes emitidas, Migración Colombia deberá consultar a los solicitantes si desean continuar con su trámite de refugio, especialmente en casos donde se evidencie que el desistimiento del proceso no fue voluntario. La entidad también deberá informar a los migrantes que no es necesario renunciar a su solicitud de refugio para obtener el PPT, garantizando que puedan beneficiarse de ambos.
Protección frente a la crisis migratoria
La Corte concluyó que estas medidas buscan mitigar las consecuencias de la crisis migratoria venezolana, una de las más graves de la región, y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y de protección de los migrantes. El fallo es un recordatorio contundente para las autoridades de que los trámites administrativos no deben convertirse en obstáculos que agraven la situación de quienes buscan refugio y estable.
La decisión marca un precedente en la defensa de los derechos de los migrantes y reafirma la obligación del Estado colombiano de implementar políticas que reconozcan su dignidad.
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