Los veedores han solicitado formalmente al
secretario de Transparencia de la República, Andrés Idárraga, y a la Fiscalía,
que se investigue este contrato, el cual ha generado serias dudas respecto a su
transparencia y legalidad. Según los denunciantes, se ha señalado que en el
proceso de adjudicación no se presentaron otros oferentes, lo que despierta
interrogantes sobre la competencia en la contratación.
Además, se han encontrado documentos en blanco en
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), lo que podría
indicar irregularidades en la gestión del contrato. Los veedores también han
señalado que el contrato presuntamente no cumple con los requisitos mínimos
legales establecidos para este tipo de acuerdos.
La situación ha generado inquietud entre los
ciudadanos y las autoridades locales, quienes esperan que la intervención de la
Secretaría de Transparencia y la Fiscalía aclare las circunstancias en las que
se llevó a cabo esta contratación. Se prevé que la denuncia se profundice y se
realicen las investigaciones pertinentes para garantizar que se respeten los
principios de transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos.
Los veedores han manifestado su compromiso con la
vigilancia de la gestión pública y han hecho un llamado a la comunidad para que
permanezca atenta a los procesos de contratación en el departamento. La
situación pone de relieve la importancia de mantener mecanismos de control que
aseguren el correcto uso de los fondos públicos y la calidad de los servicios
de salud en Norte de Santander.
Se espera que en los próximos días las autoridades
respondan a estas inquietudes y se inicien las investigaciones necesarias para
esclarecer los hechos denunciados.
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