Secretaría de Tránsito de Cúcuta enfrentará millonaria multa tras fallo de la Superintendencia de Transporte

Una millonaria multa de 507.222.760 pesos deberá ser pagada por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cúcuta, luego de que la Superintendencia de Transporte ratificara la sanción impuesta el 3 de octubre de 2023 mediante la Resolución 7850, cuando la entidad era dirigida por Mayid Gene Beltrán. Esta decisión fue confirmada en firme el 11 de octubre de 2024 con la Resolución 10269, y no permite la posibilidad de recursos.

El origen de la multa se remonta a una denuncia presentada en 2022 por la Asociación Sindical de Taxistas de Norte de Santander, que alegaba la falta de control y sanciones por parte de la Secretaría de Tránsito de Cúcuta contra el transporte ilegal e informal. De acuerdo con la asociación, la entidad no estaba aplicando de manera adecuada los controles establecidos en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996, lo que habría permitido el crecimiento del servicio “pirata” en la región.

La queja no solo se dirigió contra la Secretaría de Tránsito de Cúcuta, sino también incluyó a las secretarías de transporte de los municipios que hacen parte del área metropolitana, como Villa del Rosario, Zulia y Los Patios. Según las cifras estimadas para esa época, aproximadamente 5.000 vehículos estarían prestando servicios de transporte de manera informal, afectando gravemente a los taxistas legales de la región.

En respuesta a la sanción inicial, la Secretaría de Transporte de Cúcuta apeló la medida en 2023, pero finalmente, la Superintendencia de Transporte ratificó la decisión un año después, dejando en claro que la resolución es definitiva.

Este caso refleja una problemática recurrente en diversas regiones del país, donde la informalidad en el transporte y la falta de control por parte de las autoridades generan tensiones entre los gremios de transporte legalmente constituidos y aquellos que operan de manera irregular. La Asociación Sindical de Taxistas ha celebrado la medida, señalando que esto representa un triunfo en la lucha contra la ilegalidad, pero al mismo tiempo, las autoridades locales deberán enfrentar un nuevo reto para mejorar los controles y evitar que se repitan este tipo de sanciones.