La representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, presentó un preocupante informe que documenta el asesinato de 248 defensores del medio ambiente en el país entre 2016 y septiembre de 2024. El informe subraya que el 56% de las víctimas, es decir, 139 personas, pertenecían a comunidades indígenas, además de contabilizarse 64 campesinos y 18 afrodescendientes entre los asesinados. Todos ellos fueron atacados por su activismo en defensa de los recursos naturales y los territorios.
"Tenemos 248 casos de personas defensoras del medio ambiente que fueron asesinadas por su activismo en los territorios, por su defensa de los recursos naturales y por su protección del agua", señaló De Rivero en su intervención.
El informe de la ONU destacó que las agresiones son particularmente graves en la región del Pacífico, siendo los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño los más afectados por esta ola de violencia. Asimismo, la región amazónica figura como una de las zonas más vulnerables a estos ataques. La violencia, según el informe, se ha ensañado con los defensores que protegen ecosistemas críticos frente a la explotación de recursos naturales, en especial, en áreas donde la biodiversidad es vital para la sostenibilidad de las comunidades.
Uno de los puntos más alarmantes del informe es la persistente impunidad en los casos de homicidios, amenazas y ataques contra estos líderes. Según De Rivero, esta falta de justicia ha permitido que la violencia siga escalando sin consecuencias significativas para los responsables. "La impunidad en estos crímenes ha perpetuado un clima de inseguridad que pone en constante riesgo la vida de aquellos que defienden el medio ambiente", advirtió.
Los principales perpetradores de esta violencia son actores armados no estatales que, de acuerdo con la ONU, se dedican a la explotación ilegal de los recursos naturales del país, como la minería ilícita y la tala ilegal de árboles. Estos grupos buscan enriquecerse a expensas de los territorios y las comunidades, despojando a los habitantes de sus recursos y generando devastación ambiental.
Ante esta compleja situación, De Rivero hizo un llamado al Alto Comisionado de Paz para que, en las negociaciones con actores armados, se priorice el respeto por el medio ambiente. Asimismo, resaltó la importancia del Acuerdo de Escazú, un tratado regional de protección a los defensores del medio ambiente. Este acuerdo, del que Colombia es firmante, otorga especial protección a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que son las más afectadas por este tipo de violencia.
La representante de la ONU concluyó su intervención con un mensaje de urgencia: “Es crucial que el Estado colombiano fortalezca las medidas de protección a los defensores del medio ambiente y que se garantice la justicia para las víctimas y sus familias. No podemos permitir que quienes defienden la vida y los recursos naturales sigan siendo silenciados por la violencia”.
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