En medio de un complejo escenario de orden público en Colombia, el Consejo de Seguridad de la ONU recibió este 15 de octubre el informe trimestral sobre la implementación del proceso de paz en el país. El documento, elaborado por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de la ONU en Colombia, ofrece un análisis exhaustivo de los hechos ocurridos entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2024, y revela la grave situación humanitaria que atraviesan al menos 13 departamentos del país.
El informe resalta el compromiso del Gobierno, las autoridades locales, instituciones y comunidades en la búsqueda de la paz. Según el texto, existe un "profundo deseo" de avanzar en la consolidación de los acuerdos de paz, algo que es aplaudido por el secretario general de la ONU, António Guterres. Sin embargo, el documento también pone en evidencia una alarmante crisis humanitaria, producto de la violencia persistente en varias regiones.
Cifras alarmantes de desplazamiento y confinamiento
El informe detalla que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2024 se registraron más de 137.200 personas desplazadas forzadamente y 94.700 confinadas, la mayoría en regiones del Pacífico, el noroeste del país, la frontera con Venezuela, y en departamentos como Putumayo, Caquetá, el sur de Bolívar y La Guajira. Estas zonas se han visto profundamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, lo que ha provocado la alteración del orden público y una crisis humanitaria de grandes proporciones.
La falta de presencia integral del Estado en estas zonas históricamente vulnerables y la inseguridad que enfrentan las comunidades son factores que, según el informe, han dificultado la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC. A esto se suma la insuficiente asignación y ejecución de recursos, lo que ha agravado la situación.
Asesinatos de excombatientes y amenazas a la paz
Uno de los puntos más preocupantes del informe es la continua violencia contra excombatientes. Entre junio y septiembre de este año, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registró nueve asesinatos de firmantes de la paz y ocho intentos de homicidio. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se han contabilizado 432 excombatientes asesinados, lo que refleja un panorama inquietante en torno a la seguridad de quienes dejaron las armas para integrarse a la vida civil.
“Si bien reconozco el importante trabajo realizado y la magnitud de algunos de estos desafíos, hago un llamado a todos los involucrados para que redoblen sus esfuerzos y mantengan su enfoque en el objetivo general: alcanzar la paz por el bien de los millones de colombianos y colombianas, especialmente de comunidades indígenas y afrocolombianas, que aún se ven afectadas en su vida cotidiana por el flagelo de la violencia”, declaró António Guterres.
Llamado a la acción
El informe subraya la necesidad urgente de fortalecer la presencia del Estado en las regiones más golpeadas por la violencia, garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables y acelerar la implementación de los acuerdos de paz. A pesar de los esfuerzos, la realidad es que la paz en Colombia sigue siendo un desafío monumental, y solo a través de la coordinación y el compromiso de todas las partes se podrá aliviar la crisis humanitaria que afecta a miles de ciudadanos en el país.
Este llamado de la ONU es una advertencia para Colombia: sin una acción contundente y sostenida, las promesas de paz corren el riesgo de desvanecerse en medio de un conflicto que, aunque debilitado, aún cobra vidas y siembra incertidumbre.
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