La Personería de Sabaneta, en su rol de ente de control, tiene en la mira a Sebastián Hoyos Tavera, un abogado que habría aprovechado su condición de contratista para otorgar un contrato a una empresa de la que él mismo es el representante legal. Lo más sorprendente es que dicha empresa, Proyección Legal – Abogados Consultores S.A.S., fue constituida tan solo cinco días antes de la firma del contrato, lo que ha generado fuertes sospechas sobre la transparencia del proceso.
Este nuevo escándalo, que podría calificarse como una contratación "yo con yo", ha dejado a la ciudadanía indignada. Documentos presentados por la Personería sugieren que el abogado Hoyos no solo habría tenido acceso a información privilegiada, sino que también habría analizado y certificado la idoneidad de su propia empresa para hacerse con un contrato por $204 millones. El contrato en cuestión tenía como objetivo la creación de un plan de acción para la titulación y legalización de predios en el marco del programa "Si legalizas, valorizas".
La gravedad de la situación se profundiza cuando se revela que Carolina Neira Salazar, otra abogada vinculada al Fovis, también está bajo investigación. Neira habría recibido una transferencia bancaria de $1,8 millones por parte de la empresa Proyección Legal, lo que ha levantado sospechas sobre posibles actos de corrupción entre los funcionarios implicados. Neira, especialista en contratación estatal, fue compañera de trabajo de Hoyos en el Fovis, lo que añade un matiz de complicidad al caso.
Por su parte, Ana Lucía Vélez Gómez, abogada experta en contratación pública y quien también trabajó en el Fovis, es señalada por la Personería como otra de las responsables de no haber detectado o denunciado las irregularidades en la adjudicación del contrato. Vélez, conocida por haber apoyado la campaña del alcalde Santiago Montoya, certificó a Neira como funcionaria, lo que podría vincularla aún más en este entramado.
El contrato en cuestión, firmado el 28 de noviembre de 2023, fue investigado tras una denuncia presentada el 7 de junio de este año. Según los primeros hallazgos de la Personería, la empresa beneficiaria del contrato no cumplía con los requisitos establecidos, dado que se trataba de una firma jurídica y no de una dedicada a la administración, como lo sugería el estudio previo del Fovis.
Mientras algunos de los implicados niegan las acusaciones y defienden la legalidad del proceso, la Personería ha enviado copias del informe a la Fiscalía y a otros entes de control. La alcaldía de Sabaneta, bajo la administración de Alder Cruz, también ha sido informada de estos preocupantes hallazgos.
Este nuevo escándalo pone de relieve una vez más las preocupaciones sobre la gestión de los recursos públicos en Sabaneta. Para los ciudadanos, estos hechos no solo representan una traición a la confianza depositada en las autoridades, sino que también reavivan las críticas a una clase política que, en los últimos años, ha sido señalada por casos recurrentes de corrupción.
A medida que las investigaciones avanzan, la expectativa crece entre los habitantes del municipio, quienes exigen respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades competentes.
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