En medio de un clima de incertidumbre y preocupación, el reciente asesinato del director de la cárcel La Modelo, coronel (r) Elmer Fernández, ha desatado serios cuestionamientos hacia el gobierno del cambio en Colombia. El crimen, perpetrado mientras el coronel Fernández viajaba sin esquema de seguridad y en un vehículo no blindado, ha puesto de manifiesto una vulnerabilidad alarmante en la protección de los directores de las cárceles del país.
Aunque se han tomado medidas para reforzar la seguridad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), encargados de las prisiones en Colombia, los resultados siguen siendo insuficientes. La solicitud urgente al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para cambiar y mejorar los esquemas de seguridad de los funcionarios del INPEC con mayor riesgo de seguridad ha sido una respuesta necesaria pero aparentemente no suficiente.
La sorprendente noticia del retiro del esquema de seguridad a Angelo Torrado, director del Centro Penitenciario de Cúcuta, de mediana seguridad, por parte de la UNP, ha generado una gran inquietud. Las razones detrás de esta decisión son desconocidas hasta el momento, lo que agrava aún más la preocupación sobre la efectividad de las medidas de protección implementadas por el gobierno.
Este suceso pone de manifiesto la urgente necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de seguridad en las cárceles colombianas. La vida y la integridad de los funcionarios encargados de mantener el orden y la seguridad en estos centros penitenciarios deben ser una prioridad indiscutible. Es imperativo que el gobierno del cambio tome medidas concretas y efectivas para garantizar la protección de aquellos que trabajan en un entorno de alto riesgo como lo es el sistema penitenciario.
En este sentido, se espera una pronta acción por parte de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias detrás del retiro del esquema de seguridad de Angelo Torrado y para implementar medidas que fortalezcan la seguridad de todos los funcionarios del INPEC en todo el país. La falta de acción podría desencadenar consecuencias aún más graves y erosionar aún más la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden en Colombia.
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