El lote de 378 hectáreas, una extensión equivalente a 530 canchas de fútbol del tamaño del Santiago Bernabéu o casi ocho veces la Ciudad del Vaticano, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la crisis habitacional en Colombia. A pesar de las complejidades legales y políticas, estas familias han reclamado la tierra como suya, argumentando que políticos de diversos partidos prometieron durante décadas utilizarla como una solución de vivienda definitiva, pero hasta ahora ha permanecido inutilizada.
El presidente Gustavo Petro intervino en el asunto, instando a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al alcalde de Caucasia a negociar con los propietarios de tierras y latifundistas para encontrar una solución habitacional para las familias involucradas. Petro destacó la necesidad de comprar las tierras a un precio justo para resolver la crisis habitacional en la región.
La propiedad en disputa pertenecía anteriormente a Juan Gabriel Úsuga Noreña, un exnarcotraficante extraditado a Estados Unidos en 2001. Aunque la Fiscalía embargó la propiedad en 2004 con fines de extinción de dominio, un fallo de primera instancia favoreció a Úsuga, aunque aún está sujeto a revisión.
Las familias invasoras han afirmado que su llegada a la tierra privada se ha dado por pura necesidad, ya que muchos de ellos no pueden pagar un alquiler en el municipio debido a sus bajos ingresos como vendedores informales, trabajadores de la construcción y mototaxistas.
Este incidente no solo representa un desafío para el Gobierno de Petro, sino que también reaviva el debate sobre la reforma agraria en Colombia. Aunque el gobierno actual ha mostrado interés en redistribuir tierras improductivas a campesinos y víctimas del conflicto, el progreso ha sido limitado, según la ONG Forjando Futuros.
La controversia legal en torno a la Hacienda Santa Helena continúa, ya que los representantes del exnarcotraficante han intentado desalojar a los ocupantes ilegales mediante el uso de la fuerza. Sin embargo, la SAE ha apelado al diálogo con las familias ocupantes en un esfuerzo por evitar la violencia.
Además, Carlos Ramón Zapata, alias “Anestesia”, cuñado y antiguo socio de Úsuga, se encuentra nuevamente enfrentando a la justicia en un caso de corrupción junto con la exfiscal de extinción de dominio, Ana Catalina Noguera. En octubre, Noguera aceptó los cargos de violación ilícita de comunicaciones, violación a datos personales y fraude procesal.
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