Madres Pobres en Cárceles Desbordadas, el Otro Lado de la Guerra Antidrogas según la ONU

El pasado año, Colombia vio la implementación de una ley sancionada por el Presidente Petro, destinada a brindar una oportunidad de redención a las madres cabeza de familia y de bajos recursos que habían sido condenadas. Esta ley permitía que estas mujeres purgaran sus penas fuera de prisión, participando en trabajos sociales bajo la autorización de un juez.

Desde entonces, el proceso ha sido lento pero significativo, con una decena de mujeres ya liberadas gracias a esta legislación. El impacto de esta medida se hace evidente al observar las estadísticas que revelan la sobrepoblación carcelaria y la desproporción de condenas relacionadas con el narcotráfico entre hombres y mujeres en Colombia.

Según datos del Ministerio de Justicia, el 37% de las 7.000 mujeres condenadas en las cárceles colombianas están detenidas por delitos relacionados con narcotráfico y microtráfico, en comparación con solo el 15% de los hombres. Esta disparidad refleja una realidad social y económica que ha afectado desproporcionadamente a las mujeres en el sistema judicial colombiano.

El viceministro de Justicia, Camilo Umaña, plantea una crítica contundente sobre la guerra contra las drogas, argumentando que ha sido costosa tanto en recursos financieros como en vidas humanas. Esta reflexión resalta la necesidad de abordar el problema del narcotráfico desde enfoques más integrales y efectivos.

Datos adicionales presentados por la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito revelan la vulnerabilidad de las mujeres involucradas en el narcotráfico en Colombia. El informe destaca que el 79% de las mujeres detenidas por estos delitos tenían entre uno y cinco hijos, y el 60% se convirtieron en madres antes de cumplir la mayoría de edad. Estas cifras subrayan la complejidad de la situación y la necesidad de abordarla con enfoques que consideren el contexto social y familiar de las personas involucradas.

La desigualdad de género y las condiciones socioeconómicas precarias también se reflejan en el nivel educativo de las mujeres encarceladas. Según el informe de la ONU, solo el 19% de las presas colombianas completó la escuela, lo que les deja enfrentando casi una condena al desempleo al regresar a la sociedad.

La ley impulsada por el Presidente Petro representa un paso importante hacia la reforma del sistema judicial colombiano, reconociendo las desigualdades de género y las circunstancias socioeconómicas que enfrentan las mujeres en el país. Sin embargo, este es solo el comienzo de un proceso que requiere un enfoque integral y continuo para abordar las complejas causas del crimen y la sobrepoblación carcelaria en Colombia.

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