Hace algunos días, las autoridades de Estados Unidos comunicaron que el grupo Aval firmó un acuerdo con la Comisión de Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de ese país aceptando su responsabilidad en el pago de sobornos en Colombia, en complicidad con Odebrecht, algo que habían negado por años.
Los sobornos tuvieron relación con la adjudicación de la ruta Ocaña-gamarra, correspondiente al segundo tramo de la Ruta del Sol. Al menos 28 millones de dólares se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, lo que terminó generando ganancias indebidas por más de 32 millones de dólares en Aval.
Ya se habían adelantado investigaciones en Colombia, pero, frente a lo aceptado en Estados Unidos, se quedaban cortas.
La aceptación de responsabilidad por parte de Corficolombiana y Aval implicó detener las investigaciones en su contra en Estados Unidos, siempre y cuando se cumplan los compromisos adquiridos con las autoridades de ese país.
Frente a la confesión de Aval, el Gobierno colombiano busca que los hallazgos de la justicia norteamericana permitan reactivar los procesos en Colombia.
Así lo aseguró la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien pidió a la Cancillería adelantar los trámites diplomáticos necesarios para obtener la información correspondiente de parte de las autoridades estadounidenses.
El presidente Gustavo Petro también se dirigió al Ministerio de Exteriores para pedirle que no solo active canales con Estados Unidos, sino también con Brasil, el país originario de Odebrecht.
La pretensión del Gobierno contrasta con lo dicho por el fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene a su cargo el grupo de la Fiscalía para investigaciones por el caso Odebrecht en Colombia, que afirmó que los procesos contra directivos del grupo Aval, con excepción del condenado expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, quedaron cerradas.
¿Qué puede pasar en Colombia, entonces, con la información en contra del grupo Aval recogida por las autoridades norteamericanas? ¿Es posible que se reabran procesos tanto en lo penal como en lo que tiene a su cargo la Superintendencia de Sociedades?
Entre las pruebas a las que el Gobierno podría acceder están dos coimas clave pagadas por Corficolombiana. Una de 3,4 millones de dólares que, según las autoridades estadounidenses, no se ha investigado en Colombia, y otra que recibió un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos del que todavía no se conoce su identidad.
José Elías Melo, condenado a once años de prisión en 2019 por cohecho y celebración indebida de contratos, y quien, de acuerdo con la aceptación del Grupo Aval, sería el principal responsable de los sobornos, negó haber participado en ellos y señaló a otros miembros del conglomerado empresarial.
“De ninguna manera participé en los sobornos pagados a funcionarios del Gobierno de Colombia por el proyecto Ruta del Sol II por US$28 millones entre 2014 y 2016 a que alude el punto 15 del documento de la SEC”, dijo el sentenciado exdirector de la filial de Aval, quien aún defiende su inocencia, en un comunicado.
“Yo, como presidente de Corficolombiana, nunca conocí o aprobé ningún acuerdo de soborno que hayan convenido ejecutivos de Odebrecht con funcionarios públicos colombianos para la aprobación de la adición del proyecto Ocaña Gamarra dentro del contrato de concesión de la Ruta del Sol”, insistió. Los responsables, según Melo, son otras “personas vinculadas con grupo Aval y Corficolombiana” que tenían “conocimiento, responsabilidad y autonomía de gestión”.
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