Un vacío legal impide que la mayoría de ellos sean adoptados. Padres migrantes no cumplen las condiciones para que les devuelvan a sus hijos. Esta es la historia.
Andrea* lleva casi cinco meses separada de su hijo de 8 años. Lo dejaba solo durante dos horas los martes y jueves mientras salía a trabajar como empleada doméstica en un sitio a dos cuadras de su casa. “Yo sentía que no estaba mal hecho porque tenía una amiga que vivía al frente y le ponía cuidado. Él se quedaba con un celular y yo volvía a la casa cuando me necesitaba. Pero el problema fue que una vecina me denunció con el ICBF dizque por descuido y por desnutrición. Desde ahí nos hicieron una visita y se lo llevaron”.
Como en el caso de ella, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene en su custodia a 1.050 niños y niñas venezolanas que, en su mayoría, llegan a Colombia en una situación migratoria irregular.
Así, cientos de menores de edad terminan en centros del ICBF o en hogares sustitutos tras quedar huérfanos, ser separados de sus padres o ser abandonados en medio de las condiciones precarias en las que llegan casi todos los migrantes.
“Una buena parte de esos niños llegan a los hogares porque se los encuentran pidiendo monedas en la calle o divagando días enteros con sus padres buscando dónde comer. Son condiciones que un niño no debería vivir y por eso el Instituto interviene”, contó una mujer que protege a dos hermanos venezolanos en Antioquia bajo el programa de Madres Sustitutas.
Pero el problema va más allá de los niños que llegan en situaciones de vulnerabilidad a los centros de restitución de derechos. Al ICFB ingresan otro montón de casos que aún no han derivado en la separación del niño, pero que implican un gran esfuerzo institucional para atender la demanda de los miles de menores migrantes que terminan en poder del Estado colombiano.
Solo entre 2021 y marzo de 2023, el Gobierno reportó que tuvo que intervenir en 7.690 casos de restitución de derechos de menores de edad cuyos padres o acudientes eran venezolanos.
De ese total se derivan los 1.050 que, dadas las condiciones extremas de vulnerabilidad que determina el ICBF, son llevados a centros asistenciales para ser custodiados por el Estado mientras los padres logran demostrar que están en capacidad de asistirlos, llega otro familiar por ellos o son adoptados.
Sobre este último paso –el de adoptar a menores que definitivamente no tienen acudientes que no puedan responder por ellos–, aún hay un limbo jurídico que impide que la custodia definitiva de esos menores sea entregada a familias colombianas.
“Para ese caso, hay una norma (la Ley 1997 de 2019) que permitió que todos los menores que nazcan en Colombia que sean hijos de migrantes venezolanos puedan acceder al registro civil, la ciudadanía colombiana y, por ende, pueden ser adoptados”, contó la madre sustituta. Pero incluso en esos casos hay muchas trabas de la Ley, por lo que los menores terminan condenados a crecer en hogares de paso mientras pasan los años y se hace cada vez más difícil su reintegración a una familia “tradicional”.
Pero el caso es aún más dramático para aquellos niños que nacieron del otro lado de la frontera. Esos menores, que ante la Ley son de nacionalidad venezolana, tienen nulas posibilidades de ser adoptados en Colombia porque la justicia no tiene un marco normativo para ello. “Se quedan ahí, en un limbo en el que es casi imposible que tengan una familia aunque haya personas que quieren adoptarlos. Ese el caso de los dos hermanos de 3 y 11 años que yo protejo. Aunque la madre de ellos sí ha dado señales de querer volver a tenerlos, por lo que no es un caso en que sea tan necesaria una adopción”, concluyó la madre sustituta.
“No creo que me los devuelvan”
En todo caso, quizás el más dramático de los escenarios es el que vive Andrea y su hijo menor: fueron separados por decisión del ICBF y para volverse a unir necesitan demostrar capacidades muy difíciles para un migrante.
“Ahora logré que me dejen visitarlo cada 8 o 15 días. Nos vemos y yo intento estar bien para él, pero salgo de allá llorando porque sé que es muy difícil que me lo devuelvan del todo”, cuenta ella.
Algunas de las condiciones que exige el Instituto, por ejemplo, son que el padre o tutor tenga un empleo fijo, que demuestre ingresos suficientes para pagar arriendo, darles de comer e ingresarlos a la educación oficial. “Que me comprometa a no dejarlo solo, que asista a charlas y capacitaciones, que permita visitas para revisar cómo sigue el menor. Es casi una lista interminable”, dice Andrea, quien hasta ahora solo ha logrado incrementar sus horas de trabajo en empleos informales que no incluyen seguridad social ni estabilidad completa.
Por ahora, los legisladores han lanzado varias iniciativas en el Congreso que buscan flexibilizar esas medidas para los padres migrantes y hasta hacer más fáciles los procesos de adopción de esa población especialmente vulnerable. Sin embargo, ninguno de ellos ha avanzado con éxito o se ha trabado en medio de las ajetreadas sesiones de Cámara y Senado.
Mientras eso avanza, el ICBF lanzó la estrategia “Me conoces, niños venezolanos”, un sitio web en el que nacionales y extranjeros pueden revisar en una extensa base de datos los nombres, rostros y edades de los niños migrantes que están en custodia del Estado y que está esperando regresar a su familia o encontrar una nueva.
Andrea* lleva casi cinco meses separada de su hijo de 8 años. Lo dejaba solo durante dos horas los martes y jueves mientras salía a trabajar como empleada doméstica en un sitio a dos cuadras de su casa. “Yo sentía que no estaba mal hecho porque tenía una amiga que vivía al frente y le ponía cuidado. Él se quedaba con un celular y yo volvía a la casa cuando me necesitaba. Pero el problema fue que una vecina me denunció con el ICBF dizque por descuido y por desnutrición. Desde ahí nos hicieron una visita y se lo llevaron”.
Como en el caso de ella, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene en su custodia a 1.050 niños y niñas venezolanas que, en su mayoría, llegan a Colombia en una situación migratoria irregular.
Así, cientos de menores de edad terminan en centros del ICBF o en hogares sustitutos tras quedar huérfanos, ser separados de sus padres o ser abandonados en medio de las condiciones precarias en las que llegan casi todos los migrantes.
“Una buena parte de esos niños llegan a los hogares porque se los encuentran pidiendo monedas en la calle o divagando días enteros con sus padres buscando dónde comer. Son condiciones que un niño no debería vivir y por eso el Instituto interviene”, contó una mujer que protege a dos hermanos venezolanos en Antioquia bajo el programa de Madres Sustitutas.
Pero el problema va más allá de los niños que llegan en situaciones de vulnerabilidad a los centros de restitución de derechos. Al ICFB ingresan otro montón de casos que aún no han derivado en la separación del niño, pero que implican un gran esfuerzo institucional para atender la demanda de los miles de menores migrantes que terminan en poder del Estado colombiano.
Solo entre 2021 y marzo de 2023, el Gobierno reportó que tuvo que intervenir en 7.690 casos de restitución de derechos de menores de edad cuyos padres o acudientes eran venezolanos.
De ese total se derivan los 1.050 que, dadas las condiciones extremas de vulnerabilidad que determina el ICBF, son llevados a centros asistenciales para ser custodiados por el Estado mientras los padres logran demostrar que están en capacidad de asistirlos, llega otro familiar por ellos o son adoptados.
Sobre este último paso –el de adoptar a menores que definitivamente no tienen acudientes que no puedan responder por ellos–, aún hay un limbo jurídico que impide que la custodia definitiva de esos menores sea entregada a familias colombianas.
“Para ese caso, hay una norma (la Ley 1997 de 2019) que permitió que todos los menores que nazcan en Colombia que sean hijos de migrantes venezolanos puedan acceder al registro civil, la ciudadanía colombiana y, por ende, pueden ser adoptados”, contó la madre sustituta. Pero incluso en esos casos hay muchas trabas de la Ley, por lo que los menores terminan condenados a crecer en hogares de paso mientras pasan los años y se hace cada vez más difícil su reintegración a una familia “tradicional”.
Pero el caso es aún más dramático para aquellos niños que nacieron del otro lado de la frontera. Esos menores, que ante la Ley son de nacionalidad venezolana, tienen nulas posibilidades de ser adoptados en Colombia porque la justicia no tiene un marco normativo para ello. “Se quedan ahí, en un limbo en el que es casi imposible que tengan una familia aunque haya personas que quieren adoptarlos. Ese el caso de los dos hermanos de 3 y 11 años que yo protejo. Aunque la madre de ellos sí ha dado señales de querer volver a tenerlos, por lo que no es un caso en que sea tan necesaria una adopción”, concluyó la madre sustituta.
“No creo que me los devuelvan”
En todo caso, quizás el más dramático de los escenarios es el que vive Andrea y su hijo menor: fueron separados por decisión del ICBF y para volverse a unir necesitan demostrar capacidades muy difíciles para un migrante.
“Ahora logré que me dejen visitarlo cada 8 o 15 días. Nos vemos y yo intento estar bien para él, pero salgo de allá llorando porque sé que es muy difícil que me lo devuelvan del todo”, cuenta ella.
Algunas de las condiciones que exige el Instituto, por ejemplo, son que el padre o tutor tenga un empleo fijo, que demuestre ingresos suficientes para pagar arriendo, darles de comer e ingresarlos a la educación oficial. “Que me comprometa a no dejarlo solo, que asista a charlas y capacitaciones, que permita visitas para revisar cómo sigue el menor. Es casi una lista interminable”, dice Andrea, quien hasta ahora solo ha logrado incrementar sus horas de trabajo en empleos informales que no incluyen seguridad social ni estabilidad completa.
El Arranque a Fondo
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Por ahora, los legisladores han lanzado varias iniciativas en el Congreso que buscan flexibilizar esas medidas para los padres migrantes y hasta hacer más fáciles los procesos de adopción de esa población especialmente vulnerable. Sin embargo, ninguno de ellos ha avanzado con éxito o se ha trabado en medio de las ajetreadas sesiones de Cámara y Senado.
Mientras eso avanza, el ICBF lanzó la estrategia “Me conoces, niños venezolanos”, un sitio web en el que nacionales y extranjeros pueden revisar en una extensa base de datos los nombres, rostros y edades de los niños migrantes que están en custodia del Estado y que está esperando regresar a su familia o encontrar una nueva.
Lo positivo de abrir las fronteras
En medio de ese panorama desesperanzador para la mayoría de menores que no están con sus padres, el ICBF recibió la buena noticia de que el Gobierno colombiano restableció relaciones diplomáticas con Venezuela. Ese hecho, que parece solo un trámite administrativo, posibilitó que decenas de familias fueran “reunificadas” en la frontera. De hecho, el Instituto de Bienestar Familiar anunció que el pasado 4 de junio dos menores volvieron a estar con sus padres gracias a trabajos conjuntos con la Cancillería y Migración. “Se materializaron los primeros dos casos de reunificación familiar entre Colombia y Venezuela. El trabajo articulado con nuestro país vecino nos permite garantizar los derechos a la niñez migrante”, concluyó la entidad.
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