Las razones que tiene la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional (CPI) para instalar una oficina técnica en Venezuela
son diversas, igual que los son los motivos del Estado receptor para aceptar,
con más o menos agrado, la decisión, después de que el alto tribunal
determinara abrir una investigación al país, por la presunta comisión de
delitos de lesa humanidad.
A continuación, algunas claves sobre las razones para
la instalación de la oficina de la CPI:
1. LA
CPI SE COMPROMETE
Después de que la CPI ordenara abrir una investigación
formal al régimen de Nicolás Maduro –una decisión hecha pública el pasado
noviembre-, el fiscal del alto tribunal, Karim Khan, volvió al país
caribeño cinco meses después, cumpliendo con la palabra dada al líder del
chavismo y con el compromiso de mantener una comunicación permanente y un intercambio
de información constante.
El contacto prometido requiere cercanía y una
confianza mutua con pruebas palpables. Y no hay mejor muestra de fe en el
contrario que entrar a su casa y convivir sin secretos ni dobleces, como Khan
propuso a Maduro, y que este, asegurando que no hay nada que esconder, aceptó,
igual que lo hicieron el resto de instituciones y funcionarios del chavismo.
La instalación de la oficina es un paso más en el
cumplimiento del memorando de entendimiento suscrito, que recoge que las partes
deben establecer mecanismos para mejorar la cooperación y facilitar el
desempeño de la CPI en el territorio a investigar, guste o no a las autoridades
del país.
2. EL
ESTADO ASUME EL TRATO
Pese a que los poderes del chavismo consideran que no
es necesaria la intervención de la CPI para que en Venezuela se haga justicia y
se respeten los derechos humanos, tal y como dijo recientemente Tarek William
Saab, aceptaron sin condiciones la decisión.
De este modo, las instituciones implicadas cumplen con
la promesa de adoptar “todas las medidas necesarias” para asegurar la “efectiva
administración de justicia”, de acuerdo con los estándares internacionales, con
el apoyo y compromiso activo de la Fiscalía de la CPI, en un alarde de
confianza y apertura.
El régimen de Maduro, en su empeño de mostrar
transparencia, puso todas las cartas sobre la mesa, a disposición de Khan y del
equipo técnico que la Fiscalía de la CPI instale en Caracas, una apertura en la
que ni la oposición ni diversas organizaciones civiles confían, y que ven como
una artimaña del chavismo para hacer creer a su contraparte en una justicia que
-consideran- no existe.
3.
MADURO REAFIRMA SU COMPROMISO
Maduro, pese a mostrar abiertamente su desacuerdo con
la apertura de una investigación, como prueba de su compromiso con la justicia
internacional, manifestó su respeto y se puso a disposición del Tribunal de la
Haya para lo que el fiscal Khan considere necesario.
El dictador dijo, incluso, que con la apertura de la
oficina de la CPI en el país se podrá tener un “nivel de diálogo efectivo, en
tiempo real, más eficiente y un nivel de asistencia técnica que permita que el
memorando de entendimiento de noviembre siga su curso”.
Además, dijo que Venezuela está en un proceso de
“reforma profunda” que denominó “revolución de la justicia”, para llevar a cabo
todas las modificaciones necesarias”, insistiendo así, una vez más, que las
instituciones del país no tienen nada que ocultar, algo que es considerado por
el antichavismo una treta más.
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