En un
irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las
reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a
cabo este tipo de actos, el Tribunal 3ero. de 1era. Instancia Civil, Mercantil,
de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la juez
Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del Contralor General de Maduro,
Elvis Amoroso Hidrobo; el pasado 27 de enero del presente año, sin haberse
publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse
públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus
ofertas; de espaldas a El Nacional y a su representante judicial; y sin la
presencia de ningún testigo sino solo del abogado del demandante, Alejandro
Castillo Soto; le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional
y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida, a Diosdado
Cabello Rondón.
Con
esta adjudicación ilegal, que por la irregular forma en que se ejecutó, bien
podrá calificarse de “robo judicial”, se completa parte de la condena impuesta
a este diario, por los supuestos daños morales causados, cuando en ejercicio
legítimo de su periodismo de investigación, este periódico transcribió un
artículo de un rotativo español (el “ABC”) donde se afirmaba que funcionarios
estadounidenses investigaban a Cabello por presuntos vínculos con el
narcotráfico. Nótese que el juicio de difamación por la nota publicada nunca
avanzó, ni siquiera adjuntaron el recorte de la noticia aparecida en ABC, y
nunca tomaron en cuenta que en base a esa investigación la DEA estableció una
recompensa de Diez millones de dólares para aquella persona que colabore con la
captura de Cabello.
Llama
la atención que la indemnización inicial contra El Nacional, que se había
acordado a favor de Cabello y éste había aceptado, quedando en consecuencia
firme y con valor de cosa juzgada, desde el año 2018, por el monto de Diez Mil
Bolívares soberanos (Bs. S. 10.000,oo; hoy 0,1 bolívares digitales); fue
intempestivamente modificada, como consecuencia de un infundado avocamiento de
la Sala de Casación Civil del TSJ, quien transformo el monto de condena
definitiva, en la inverosímil e inusual cifra de Doscientos Treinta y Siete Mil
Petros (237.000 Ptros.) que en el cambio del momento equivalía a 13 millones de
dólares, lo cual, suspicazmente ocurrió, justo en el momento en que el Capitán
Diosdado Cabello era designado presidente de la comisión especial para la
conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano.
De esta
forma se concreta, el despojo o arrebato judicial que de su sede natural, es
víctima El Nacional, litigando en contra del Presidente de la Comisión
Presidencial para la Revolución Judicial, justo en el Tribunal de la hermana
del Contralor General de Nicolás Maduro, todo por defender la verdad.
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