“No hay
otra manera de cruzar legalmente, por eso creo que va a ser bueno”, afirma
Alexander Sánchez, un venezolano que lleva nueve meses en un albergue de
Reynosa, en el extremo este de la frontera entre México y Estados Unidos, con
su esposa y su hija de 5 años
Algunos
migrantes varados desde hace meses al sur del Río Bravo tienen ahora sus
esperanzas puestas en la expansión de la política migratoria más polémica y
criticada del expresidente Donald Trump: la que permite pedir asilo en Estados Unidos, pero
esperando el proceso en México.
Las
posibilidades de conseguir el asilo por esta vía parecen mínimas, aunque hay
quienes lo ven como una especie de premio de consolación. Piensan que es mejor
estar en esta zona controlada por el crimen organizado con un trámite de asilo
en marcha —el programa conocido como “Permanecer en México” o MPP, según las
siglas en inglés de su nombre oficial— que ser devuelto o esperar con el mismo
miedo pero sin un papel en las manos.
Fingió tener coronavirus para faltar
al trabajo, pero recibió un mensaje de su jefe que arruinó todo
El trágico final de la familia que
murió congelada tratando de llegar a EE.UU. desde Canadá
El terrible mensaje que enviaron los
tripulantes del Apolo 1 antes de morir
“No hay
otra manera de cruzar legalmente, por eso creo que va a ser bueno”, afirma
Alexander Sánchez, un venezolano que lleva nueve meses en un albergue de
Reynosa, en el extremo este de la frontera entre México y Estados Unidos, con
su esposa y su hija de 5 años. Sánchez confía en poder acogerse pronto a este
plan, paralizado por el presidente Joe Biden al llegar al poder en enero de
2021 y luego forzado a reinstalarlo por una orden judicial.
La
versión renovada del programa más simbólico de la política antiinmigrante de
Trump comenzó a reinstalarse a principios de diciembre y su expansión esta
semana a la frontera entre Tamaulipas (donde está Reynosa) y Texas ha pasado
casi desapercibida pese a sus connotaciones: ese estado mexicano es el mayor
corredor de tráfico de migrantes y fue en Texas donde un juez nombrado por
Trump ordenó a Biden reinstaurar el plan.
El
alcance ha sido mínimo. Hasta el miércoles, sólo 381 solicitantes de asilo
habían sido devueltos a México por este plan, según datos la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia de la ONU que se encarga
de recibirlos.
En
comparación, decenas de miles que cruzan ilegalmente siguen siendo expulsados a
México de forma automática cada mes sin poder pedir asilo debido a una medida
de salud pública (el llamado Título 42) que Trump puso en marcha al inicio de
la pandemia con el argumento de reducir los contagios y que Biden mantuvo sin
cambios. Sólo en diciembre hubo casi 80.000 expulsiones de este tipo.
Walter
Alexis Beltrán, un optometrista salvadoreño, fue uno de los devueltos bajo el
Título 42 hace cuatro meses. Desde entonces vive con su esposa y su hija de 4
años entre los más de 2.000 migrantes que se hacinan entre carpas y plásticos
entrelazados en un campamento instalado en la plaza de Reynosa.
Beltrán
pagó 4.500 dólares a los traficantes sólo por cruzar el Río Bravo y entregarse
a las autoridades estadounidenses. Unas horas después, él y su familia estaban
de vuelta en México sin haber podido siquiera contar su caso.
“El MPP
tiene sus ventajas y sus desventajas”, explica mientras vigila su pequeño negocio:
una batería comprada con sus últimos ahorros, con la que ofrece cargas de
celular al resto de migrantes por un cuarto de dólar mientras espera una nueva
oportunidad para poder cruzar a pedir asilo.
“Prefiero
esto a que me manden a El Salvador”, asegura. “La desventaja es el peligro que
hay aquí”, una zona controlada por cárteles para los que los migrantes son un
pujante negocio.
Sin
embargo, cualquier optimismo ante el nuevo MPP parece infundado.
De los
más de 70.000 solicitantes de asilo que Trump incluyó en ese programa en dos
años, fueron aceptados menos de un 1%. Y según una unidad de análisis de datos
de la Universidad de Syracuse llamada TRAC, en torno a la mitad de los casos
están todavía pendientes y el resto fueron rechazados.
Ahora
no hay claridad sobre quién será integrado en la nueva versión del MPP. En el
primer mes, la mayor parte fueron nicaragüenses, seguidos de venezolanos y
cubanos, según la organización Human Rights First.
El
Departamento de Seguridad Nacional, en respuesta a una solicitud de comentario
por parte de la AP, dijo que los migrantes no pueden elegir entrar o no al MPP,
y que la política se aplica a aquellos que no pueden ser expulsados bajo las
restricciones de la pandemia, es decir, el Título 42.
Teóricamente,
México sólo acepta a mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños por
esta medida. Los ciudadanos de otros países del hemisferio occidental son
liberados con órdenes de comparecer ante una corte o detenidos en Estados
Unidos hasta que sean retornados a sus países, con lo cual, ellos parecen los
principales candidatos para el MPP.
A
diferencia de las más de 1,5 millones de expulsiones realizadas por Estados
Unidos bajo el paraguas de la pandemia desde marzo de 2020, que no necesitaron
contar con el visto bueno mexicano, el MPP (tanto el viejo como el nuevo)
siempre lo necesitó, porque México tiene que aceptar y registrar a esos
solicitantes de asilo.
De ahí
que la reinstalación de la política conllevara meses de intensas negociaciones
—aceleradas cuando empezaron a surgir pequeñas caravanas que se movían por el
sur de México— en las que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no
estaba obligado por la decisión judicial estadounidense de agosto, al menos
quería lograr más apoyos para la gestión de los migrantes en su territorio.
Biden
aspiraba a cumplir con la orden del juez de la forma más humanitaria posible,
acortando los plazos del proceso de asilo de los acogidos al programa,
facilitando mayor asistencia legal e intentando garantizar la seguridad para
esos migrantes.
Uno de
los puntos más complejos fue Tamaulipas. A México le preocupaba aceptar a
retornados por este estado donde se han repetido las masacres contra migrantes.
Estados Unidos tampoco quería ser acusado de actuar como en la época de Trump.
Y ambos países temían que no incluir esta frontera en el programa pudiera
alentar todavía más el tráfico ilegal en esa zona. Finalmente, la OIM se
ofreció a trasladar a los migrantes que llegaran a lugares peligrosos hasta
ciudades más seguras — y eso hizo con los primeros devueltos por Tamaulipas,
quienes fueron llevados a Monterrey, a más de 200 kilómetros hacia el sur.
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