El 2022
inició con fuertes enfrentamientos entre la disidencia de la Farc y el ELN . Comenzaron
el primer día del año y se han extendido por horas, dejando muertes, se habla
de al menos 30 personas asesinadas. Además, secuestros, desplazamientos
masivos, desapariciones, amenazas, detenciones ilegales y miedo en toda la
población fronteriza de ambos países.
Los
combates iniciaron en el departamento fronterizo de Arauca, limítrofe con el
Estado venezolano Apure. Según fuentes en el lugar e investigaciones, fue
justamente en Apure donde ocurrió el asesinato del cabecilla del ELN alias
‘Mazamorro’, específicamente en la población de El Nula. Siendo esto uno de los
detonantes principales para la nueva hostilidad entre grupos irregulares.
La
tarde de este lunes, 3 de enero, guerrilleros cerraron el paso de lanchas por
el río Arauca. El motivo: evitar el desplazamiento de ciudadanos
venezolanos hacia Colombia. Al menos 2.000 ya habían huido del lugar.
El
gobierno de Nicolás Maduro no se pronunció formalmente este lunes. A través de
la red social Twitter, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, criticó
y culpó al gobierno de Iván Duque de la situación, calificándolo como el “peor
presidente de Colombia” creador de “fuerzas élites” que buscan culpar a
Maduro. Además de un Tweet más temprano del mayor general Wistohor
Chourio, comandante general de la milicia venezolana, fueron las únicas
apariciones públicas del gabinete ejecutivo venezolano. Esto, sin dar detalles
de la situación. Para muchos esto da fuerza a la teoría que asegura el
chavismo ampara, promueve y financia las fuerzas que operan en ambos
territorios cobra fuerza.
No es
la primera vez que ocurre, se trata de al menos la enésima ocasión en la que se
mezclan inocentes, niños, mujeres y ancianos en medio de guerrilleros e incluso
milicia venezolana, que muchos desconocen hacia qué lado apuntan su
seguridad.
Juan
Pappier, experto para Colombia de Human Rights Watch, ante lo ocurrido declaró:
“En Arauca y Apure, parece haberse roto la alianza entre el ELN y la disidencia
del Frente 10 de las Farc, lo cual podría resucitar una nueva versión del
conflicto que durante varios años atormentó a la población en la región. Hemos
recibido denuncias graves de muertes, desplazamiento forzado y
secuestros. Es urgente que las autoridades tomen medidas para proteger a
la población civil y asistir a las víctimas”.
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