“Lucha
contra el contrabando”, dice un cartel en un puente en la frontera entre Venezuela
y Colombia. Abajo, tres hombres, dos con enormes bolsas a la espalda,
cruzan el río que divide a ambos países. Agentes fronterizos los miran sin
interés.
Los
contrabandistas ni se esconden ni se apuran. Uno se tomó el tiempo para
quitarse los zapatos y remangarse los pantalones.
Los
2.219 km de la frontera colombo-venezolana siempre han estado minados por el
contrabando por cruces ilegales conocidos como “trochas”, pero las mafias
ganaron terreno gracias al cierre de los cruces binacionales ordenado por el
dictador Nicolás Maduro en 2015, tras denunciar una “emboscada” contra
militares.
Desde
entonces solo se permitía el paso peatonal, pero en 2019 los cruces fueron
completamente bloqueados por tensiones políticas entre Caracas y Bogotá.
Estas decisiones derrumbaron la actividad económica en el lado venezolano,
subraya Daniel Aguilar, ex presidente de la patronal Fedecámaras en el estado
Táchira (oeste), donde está el paso internacional más importante.
Un
ejemplo es la zona industrial de Ureña, que tenía unas 3.500 empresas de
calzado, ropa y medicinas, hoy borradas del mapa. Empresas de transporte,
corretaje y seguros desaparecieron.
“Hay
una caída drástica; solo aquí se perdieron más de 70.000 empleos”, comenta
Aguilar.
Venezuela
reabrió en octubre los puentes, que habían estado bloqueados con enormes
contenedores metálicos, pero solo hay paso peatonal mientras se reacondicionan
para los vehículos.
Unas 20.000
personas atraviesan a diario los dos puentes reabiertos en la zona (San
Antonio-Cúcuta y Ureña-Cúcuta), según estimaciones policiales.
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